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Opinión de los civilistas. Críticas al proyecto de código

In Código Procesal Civil,Partes,Prueba,Recursos on 09/12/2012 by Equipo editorial

La Reforma Procesal Civil constituye un cambio profundo al sistema de justicia civil en Chile. Es la reforma que cierra el círculo del movimiento de Modernización de la Justicia que comenzó en la década de los noventa. Debido a esa importancia, muchos de los actores –legisladores, profesores de derecho, jueces, abogados, etc.– han manifestado su opinión respecto del actual proyecto de ley. Ahora fue el turno de los académicos de derecho civil que manifestaron su opinión a través de, primero, un documento del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Chile; segundo, una carta a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; y, tercero, con una declaración pública a propósito de las últimas jornadas de derecho civil en Santa Cruz. Las principales críticas apuntan a la reforma a la casación, la capacidad procesal de entidades sin personalidad y la carga dinámica de la prueba.

- Documento del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile: “Comentarios al Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil”.

Carta a la Comisión de Constitución Legislación y Justicia (Cámara de Diputados): “Comentarios al Proyecto de Ley que establece el Código Procesal Civil (Boletín 8197-07)” 

Declaración Pública sobre la Reforma Procesal Civil. X Jornada Nacionales de Derecho Civil (Santa Cruz, 11 de agosto del 2012)

El actual Código de Procedimiento Civil lleva vigente más de un siglo, de ahí la imperiosa necesidad de contar con una legislación actualizada, acorde a las nuevas necesidades y que dé cabida a las nuevas tecnologías. No está en duda la necesidad de una reforma, pero hasta el momento se había llevado a cabo principalmente entre procesalistas. Que ahora los académicos del derecho civil entren a la discusión es valioso porque agrega perspectivas

Los civilistas manifestaron su opinión como grupo de tres formas. Primero, con un documento elaborado por el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Chile, que lo integran Mauricio Tapia (Director), Sebastián Ríos, María Paz Gatica entre otros (‘Comentarios Civiles‘). Segundo, con una carta firmada por 51 profesores de derecho privado que enviaron a la Cámara de Diputados (‘Carta al Congreso‘). En concreto, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que es la encargada de revisar el Proyecto de Ley que Establece un Nuevo Código Procesal Civil (Boletín 8596-07). La segunda fue una Declaración Pública que elaboraron a propósito de la décima versión de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que el año 2012 se realizó en Santa Cruz (‘Declaración de Santa Cruz‘). En los tres se formulan básicamente las mismas críticas y, en general, cada uno es una versión más resumida del anterior.

Los académicos de derecho privado instalan el punto que la reforma procesal civil –o, al menos, la versión actual del nuevo código– trastoca de manera grave la regulación civil. La Declaración de Santa Cruz señala que la reforma “altera gravemente normas, principios e instituciones fundamentales del Derecho Privado, afectando la seguridad jurídica y repercutiendo de manera no calculada ni prevista en algunas de las relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales básicas entre personas.” Los puntos críticos que plantean en común los tres documentos son: la carga dinámica de la prueba, la reforma a la casación y el reconocimiento de capacidad procesal a entidades sin personalidad civil propiamente tal.

Caga Dinámica de la Prueba.

Los profesores de derecho civil han criticado duramente la incorporación de una de las innovaciones más importantes del proyecto para el nuevo Código Procesal Civil, se trata de la Carga Probatoria Dinámica bajo su modalidad de facilidad o disponibilidad. Acusan que tales disposiciones alteran gravemente las normas del derecho sustantivo cambiando de modo trascendente la forma como los particulares contratan y se relacionan entre sí, impidiendo que puedan prever con suficiente anticipación sobre quién recaerá la carga de probar. En consecuencia, la carga dinámica afecta los principios cuidadosamente construidos por la doctrina y la jurisprudencia sobre el artículo 1698 (“Incumbe probar las obligaciones…”) como del 1547 que distribuye la carga de la diligencia y el caso fortuito.

Casación y Fuentes del Derecho. 

Cuestiones orgánicas también fueron objeto de crítica por parte de los profesores.  Ellos juzgan negativamente la inclusión de disposiciones que establecen de forma inequívoca que el precedente, tratándose de la Corte Suprema, tendrá el carácter  de vinculante. Lo expuesto constituye una clara vulneración a una disposición que sirve de sustento esencial para todo el  ordenamiento jurídico, se trata  del artículo 3º del Código que Civil que establece el efecto relativo de las sentencias judiciales.

Otro cambio sensible para  los civilistas es la eliminación del actual recurso de casación y el establecimiento del recurso extraordinario. Dicen que la regulación de este último es deficiente debido a que no existe claridad respecto del rol que sumirá la Corte Suprema y lo que es peor, los posibles problemas a que puede dar lugar con las facultades de revisar ampliamente la afectación de derechos fundamentales.

Capacidad Procesal y Persona. 

La capacidad procesal fue también objeto de reparos tanto en la carta como en la declaración de los civilistas. Esto se debe a que en el proyecto se les reconoce capacidad procesal a entidades que en el derecho sustantivo civil carecen de personalidad jurídica, transgrediendo, de forma prácticamente inadvertida, todo el sistema de personalidad jurídica civil. Este reproche se agrava si se consideran las modificaciones al derecho de los bienes y al de las obligaciones al establecer un sistema en que se mira al pago desde el punto de vista del deudor y no desde la óptica del acreedor, apartándose de ese modo de las tendencias modernas.

Los civilistas se pronunciaron. El debate ha continuado en una serie de columnas y cartas al director en los diversos medios de prensa y en seminarios en todo el país. Así por ejemplo, el profesor Diego Palomo, con ocasión de un seminario realizado en Talca, la necesidad de seguir perfeccionando este proyecto y no ceder ante las críticas y presiones de algunos sectores que apuntan sólo a una enmienda menor al sistema actual (ver). El Ministro de Justicia también ha formulado declaraciones en un tono más conciliador e inclusivo, afirma que son del todo positivas las críticas y la discusión ya que eso mejora el proyecto y lo que es más importante, evita que decaiga el interés en la reforma, ya que de presentarse un escenario de ese tipo “probablemente salga de las prioridades políticas” . Por ahora, no es posible predecir el resultado de esta discusión, pero sí una conclusión es clara: el dialogo interdisciplinario entre los académicos del derecho civil y del derecho procesal debe ser la tónica de ahora en adelante.